La Unión Europea ha aprobado oficialmente la Ley de IA, una normativa histórica que prohibirá determinados usos de la IA y exigirá transparencia a los proveedores. La ley ha sido objeto de acalorados debates y algunas normas tardarán años en aplicarse. Divide sus normas en función del nivel de riesgo que un sistema de IA supone para la sociedad, con normas más estrictas para los sistemas de mayor riesgo. El compromiso sobre la Ley de Inteligencia Artificial puede no tener un efecto inmediato en los principales actores de la IA, como OpenAI y Google, ya que probablemente no entrará en vigor hasta 2025. Algunos Estados miembros, como Francia y Alemania, presionaron durante las negociaciones para suavizar las restricciones a los sistemas de IA de uso general. La ley también elude cuestiones controvertidas en torno a la IA generativa y no crea nuevas leyes sobre recopilación de datos. No impondrá fuertes multas a los desarrolladores de código abierto ni a las empresas más pequeñas, y puede presionar a otras figuras políticas, en particular a los responsables políticos estadounidenses, para que actúen con mayor rapidez. Estados Unidos, en cambio, ha fracasado en gran medida a la hora de poner en marcha la regulación de la IA. La Ley de Inteligencia Artificial demuestra cuál es la posición de la UE al respecto y puede influir en los planteamientos de otros países sobre la regulación de la IA.
